El Gobierno enfría la rebaja del IVA a autónomos pese a Europa
Bolaños deja claro que España no aplicará (por ahora) la directiva para quienes facturen menos de 85.000 €
El Gobierno no tiene intención inmediata de aplicar la directiva europea que permitiría a los autónomos con ingresos inferiores a 85.000 euros anuales beneficiarse de un régimen simplificado de IVA. Así lo dejó entrever el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en declaraciones realizadas este martes, enfriando una medida muy esperada por miles de trabajadores por cuenta propia.
Qué dice exactamente Europa
La normativa comunitaria —aprobada en el marco de la reforma del sistema del IVA en la Unión Europea— permite a los Estados miembros introducir un umbral de facturación (hasta 85.000 euros) por debajo del cual los autónomos quedarían exentos de declarar y repercutir este impuesto.
Esto no significa eliminar el IVA en sí, sino simplificar el sistema: menos burocracia, menos costes administrativos y más liquidez para pequeños negocios.
Países como Francia, Alemania o Italia ya cuentan con modelos similares, donde los autónomos con menor volumen de ingresos operan bajo regímenes fiscales mucho más ágiles.
La posición del Gobierno
Las palabras de Bolaños apuntan a una decisión política clara: España no priorizará, al menos en el corto plazo, la adaptación a esta directiva.
El argumento implícito —aunque no siempre explicitado— gira en torno a dos factores clave:
Por un lado, el impacto en la recaudación. Reducir la base de contribuyentes que declaran IVA supondría un ajuste en los ingresos públicos.
Por otro, la complejidad del sistema fiscal español, donde cualquier modificación de este tipo requiere encaje con otros impuestos, regímenes especiales y el modelo de financiación autonómica.
Qué supondría para los autónomos
La no aplicación de esta medida mantiene el statu quo: miles de autónomos seguirán obligados a declarar trimestralmente el IVA, independientemente de su volumen real de negocio.
Esto implica:
Menor liquidez, al tener que adelantar el impuesto.
Más carga administrativa, especialmente para perfiles pequeños o actividades secundarias.
Menor competitividad frente a autónomos de otros países europeos.
Para muchos profesionales, especialmente en sectores digitales, creativos o de servicios, la medida supondría un alivio directo en su día a día.
Una oportunidad que se aleja (de momento)
La decisión del Ejecutivo no cierra definitivamente la puerta, pero sí retrasa una reforma que encajaba con una tendencia europea clara: facilitar la actividad de los pequeños emprendedores.
En un contexto donde el discurso político habla constantemente de apoyo al autónomo, la falta de avance en esta dirección genera una cierta contradicción entre el relato y la práctica.
Porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quiere España un modelo que impulse al pequeño autónomo o uno que siga tratándolo como una empresa más?
