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La educación en España vuelve a estar en el centro del debate político. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que su Ejecutivo presentará una ley para fijar de manera obligatoria la reducción de las horas lectivas y de la ratio de alumnos por aula en todas las etapas educativas.
Actualmente, casi todas las comunidades autónomas –con la excepción de Madrid, Galicia y Castilla-La Mancha– ya han reducido las horas lectivas de los docentes hasta las 23 en Infantil y Primaria, y las 18 en Secundaria y Bachillerato. Estas cifras, incluidas como recomendación en la Lomloe de 2020, pasarían ahora a ser un máximo legal, lo que supondría que ningún gobierno regional podría ampliarlas.
La medida se enmarca en un contexto de tensión con los sindicatos docentes, que habían advertido sobre la sobrecarga laboral de los profesores y la amenaza de huelga. Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca aliviar la presión en las aulas y responder a una reivindicación histórica del profesorado: más tiempo para preparar clases, atender tutorías y reducir la burocracia.
En paralelo, Sánchez también ha prometido rebajar las ratios, es decir, el número de alumnos por profesor. Hoy la ley marca un máximo de 25 estudiantes en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato. Sin embargo, el descenso de la natalidad ya ha provocado una disminución natural del alumnado en muchos centros, especialmente en las grandes ciudades.
Los sindicatos aplauden la medida, aunque advierten de posibles efectos secundarios: algunas autonomías podrían verse obligadas a contratar a más profesores o a recortar actividades de refuerzo para alumnos con dificultades. En cualquier caso, insisten en que la calidad de la enseñanza no se verá comprometida, ya que las horas que reciben los estudiantes no se reducirán.
En España, la jornada laboral de un docente ronda las 37,5 horas semanales, de las cuales una parte es lectiva y otra se dedica a tutorías, reuniones o preparación de clases. Con la reducción legal de la carga en el aula, el Gobierno espera garantizar que los profesores dispongan de más tiempo para estas tareas y, en consecuencia, mejorar la atención educativa.
En definitiva, el anuncio de Sánchez no supondrá grandes cambios en la mayoría de comunidades autónomas, donde estas medidas ya se aplican. Sin embargo, sí marcará un antes y un después en aquellas regiones que todavía no han adaptado su normativa. El reto estará en encontrar el equilibrio entre la mejora de las condiciones del profesorado y la sostenibilidad de los recursos en el sistema educativo.
