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Dos meses. Ese es el volumen de agua que, según las estimaciones, se perderá por el camino en el trasvase Tajo-Segura reactivado este 16 de marzo. Traducido a una escala comprensible: el equivalente al consumo de toda la ciudad de Madrid durante ese periodo desaparecerá antes de llegar a su destino. Un dato que, por sí solo, cambia la lectura de una reapertura marcada por cifras récord y vuelve a situar en el centro del debate la eficiencia, el estado de la infraestructura y el modelo de gestión del agua en España.
A las 11:00 del 16 de marzo se reactivó el trasvase Tajo-Segura. Sobre el papel, una decisión técnica más dentro del complejo engranaje hídrico español. En la práctica, el inicio de un nuevo capítulo en uno de los debates más enquistados del país.
Porque esta vez no hablamos solo de agua. Hablamos de cifras récord, de pérdidas estructurales y de un modelo que vuelve a quedar bajo el foco.
Los números de este año son difíciles de ignorar. El volumen total trasvasado alcanzará los 723 hectómetros cúbicos (hm³), una cifra nunca vista hasta ahora.
De ellos, 528 hm³ se enviarán hasta finales de septiembre, aunque ni siquiera utilizando el máximo caudal del acueducto (30 m³ por segundo) sería posible transportar todo ese volumen dentro del actual año hidrológico.
A esto hay que sumar 168 hm³ ya trasvasados previamente, pendientes del ejercicio anterior.
El resultado final es contundente: el sistema del Segura dispondrá de 895 hm³ procedentes del trasvase, aproximadamente tres veces su consumo medio histórico.
Más allá de los datos, el estado físico del acueducto introduce una variable incómoda.
Las evidencias acumuladas en distintos puntos del canal muestran una infraestructura lejos de su mejor momento: hormigón deformado, tramos abombados y grietas visibles. No se trata de incidencias puntuales, sino de síntomas de desgaste en una red que lleva décadas en funcionamiento.
Y ese deterioro tiene consecuencias.
Se estima que en torno a un 15% del agua transportada se pierde por el camino. Aplicado a las cifras de este año, eso supone aproximadamente 90 hm³.
Para ponerlo en contexto: todo el Corredor del Henares, con cerca de 400.000 habitantes —incluyendo ciudades como Alcalá de Henares, Guadalajara o Azuqueca— consume 42 hm³ al año.
Es decir, el volumen de agua que se perderá durante el proceso equivale a más de dos años de consumo de toda esa población.
Una magnitud que transforma una fuga técnica en un problema estructural.
El análisis se vuelve aún más complejo al observar el conjunto del sistema.
Actualmente, en la cuenca del Segura ya hay 167 hm³ almacenados sin necesidad del Tajo, a los que se suman otros 32 hm³ en el embalse de Alarcón.
Mientras tanto, la cabecera del Tajo —con Entrepeñas y Buendía como referencia— acumula en torno a 660 hm³, lejos de su capacidad total.
En este contexto, seguir incrementando los envíos refuerza la sensación de desequilibrio territorial: agua que sale de una cuenca con niveles moderados para alimentar otra que ya dispone de reservas significativas.
El debate no se limita a lo técnico o lo territorial. También entra en juego el marco normativo.
La disposición adicional decimoquinta de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental establece que el agua debe mantenerse prioritariamente en la cabecera del Tajo para favorecer el desarrollo de los municipios ribereños.
Sin embargo, el volumen total previsto para este año equivale al 100% de las aportaciones medias anuales en la cabecera, e incluso las supera si se tienen en cuenta los trasvases acumulados.
Una situación que, como mínimo, tensiona el espíritu de la ley.
El Tajo-Segura nunca ha sido solo una infraestructura hidráulica. Es un símbolo de cómo se gestiona un recurso cada vez más escaso en un contexto de presión climática y territorial.
Este nuevo arranque, con cifras récord y pérdidas significativas, vuelve a plantear una pregunta incómoda: si el sistema funciona a costa de perder una parte relevante del recurso y generar desequilibrios, ¿sigue siendo sostenible en su forma actual?
La reapertura del trasvase no cierra el debate. Lo amplifica.
Porque cuando el volumen trasvasado marca máximos históricos, pero también lo hacen las dudas sobre eficiencia, equidad y legalidad, el problema deja de ser técnico.
Y pasa a ser, inevitablemente, político, territorial y de modelo de país.
