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El jurado popular en España ha vuelto a la actualidad tras conocerse que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, será juzgada bajo esta modalidad por un presunto delito de malversación. La noticia ha generado un gran interés público, ya que no todos los procedimientos penales se resuelven con jurado.
Aunque en países como Estados Unidos o Reino Unido el jurado popular forma parte de su tradición judicial, en España es relativamente reciente. La Constitución de 1978 ya reconocía en su artículo 125 la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, pero no fue hasta 1995 cuando se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que lo reguló de manera efectiva.
Su creación buscaba acercar la justicia a la sociedad, hacerla más transparente y reforzar la confianza ciudadana en los tribunales. En este modelo, son los ciudadanos quienes valoran los hechos y determinan la culpabilidad o inocencia, mientras que el juez dicta la sentencia conforme a la ley.
Cada dos años se realiza un sorteo público a partir del censo electoral para elaborar una lista de candidatos. De ese listado se seleccionan los miembros de cada jurado, compuesto por 9 titulares y 2 suplentes.
Para ser jurado hay que cumplir ciertos requisitos: ser mayor de edad, saber leer y escribir, no estar inhabilitado y carecer de antecedentes penales. El cargo es obligatorio salvo causa justificada y conlleva una compensación económica por el tiempo dedicado. Durante la vista, tanto la defensa como la acusación pueden rechazar candidatos de forma motivada, garantizando la imparcialidad del proceso.
El jurado popular no interviene en todos los procesos penales, sino en una lista cerrada de delitos recogidos por la ley. Entre ellos se encuentran los homicidios y asesinatos, delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus cargos, allanamiento de morada, amenazas, omisión del deber de socorro, incendios forestales y algunos delitos contra la libertad.
El caso de Begoña Gómez entra dentro de este marco, lo que explica por qué será juzgada por ciudadanos en lugar de un tribunal profesional.
El jurado popular despierta opiniones encontradas. Para algunos es una expresión de democracia y participación ciudadana en la justicia; para otros, un sistema vulnerable a la presión mediática y a la falta de preparación técnica de sus miembros.
En cualquier caso, lo cierto es que se trata de una institución que abre la puerta a que la sociedad participe de forma directa en uno de los ámbitos más sensibles del Estado: la impartición de justicia. El proceso de Begoña Gómez vuelve a poner de relieve la importancia y el alcance de esta figura en España.
